El premio es una iniciativa instituida en 2018 por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos bajo los auspicios de UNESCO.

Objetivos:

• Reconocer y promocionar políticas públicas locales de América Latina y el Caribe en favor de la diversidad, la inclusión y el desarrollo sostenible.
• Ayudar a visibilizar estas políticas para contribuir a posicionarlas como prácticas de referencia, promoviendo el intercambio de experiencias en la región.
• Resaltar el rol estratégico de los gobiernos locales, en el marco de la Agenda 2030 y en línea con el ODS número 11, sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Evaluación de las políticas
En cada edición se contó con un notable jurado que realizó una exhaustiva evaluación de todas las postulaciones recibidas y emitió un dictamen con las políticas ganadoras.
A tal fin, se compartió al jurado la documentación enviada por las ciudades postuladas y a cada integrante del jurado se le asignó, de manera aleatoria, una cantidad de postulaciones para su revisión en mayor detalle.
El jurado expone y delibera sobre las postulaciones y emite un dictamen con el resultado.

Criterios de evaluación
En las bases del concurso se establecen los siguientes criterios de evaluación:

Innovación: La experiencia supone una práctica novedosa y creativa en términos de métodos, procedimientos, herramientas, perspectivas y enfoques, uso de los recursos, o tecnología aplicada a la superación del problema objeto de solución; así como por su potencialidad de réplica y el grado en que logra modificar el espacio público urbano para el disfrute de toda la ciudadanía.

Participación social y transversalidad: Grado en que la iniciativa incluye la participación ciudadana y la articulación con otras áreas del gobierno local, subnacional y/o nacional en la definición del proyecto, ejecución, monitoreo y/o evaluación.

Institucionalización de la experiencia: Implica el nivel de formalización de la experiencia de modo de propiciar su continuidad en el tiempo ante cambios de la administración, institucionales u organizativos; financiamiento; grado de compromiso de las autoridades y funcionarios y funcionarias gubernamentales, etc. Este ítem contempla la producción y uso de información, mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas a la ciudadanía.

Perspectiva de género y diversidad: La iniciativa fue contemplada en su etapa de diseño y elaboración bajo una perspectiva de género, igualdad y diversidad, al tiempo que en las diferentes instancias de ejecución e implementación contribuye en la prevención, erradicación y reparación de la violencia por razones de género y en la reducción de las brechas de desigualdad.

Sostenibilidad ambiental: La ejecución de la política contribuye a la preservación y cuidado del ambiente, la gestión integral de residuos, la mitigación y adaptación al Cambio Climático, la transición energética, la eficiencia energética y el manejo sustentable de los recursos, entre otros.

Accesibilidad: La política pública postulada respeta el principio de accesibilidad desde una perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

Perspectiva de juventudes: La iniciativa incluye la participación y reconoce los derechos de las juventudes.

Resultados: La experiencia da cuenta de los resultados o impactos alcanzados, medibles a través de indicadores, informes de evaluación, estudios, etc.