Entre los años 1960 y finales de 1990 se ha ejercido una violencia sostenida sobre la comunidad travesti trans de Argentina. En este marco, la última dictadura cívico militar eclesiástica argentina fue un periodo de exacerbación de esta violencia donde se buscó asentar un modelo de familia y una supuesta/alegada moral “occidental y cristiana” de carácter patriarcal. Durante la dictadura, lugares como el Pozo de Banfield, un centro clandestino de detención, secuestro y tortura de la Brigada de Seguridad, Investigaciones e Inteligencia de la Policía Provincial de Buenos Aires, actuaron como un correctivo especial para las disidencias sexuales. 

Las disidencias sexuales víctimas del terrorismo de Estado fueron históricamente invisibilizadas y se estima que por un pedido de la comunidad católica en las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas se excluyeron alrededor de 400 legajos catalogados bajo la categoría “depravados y sodomitas”. Sumado a esto, el recuento de las víctimas trans se complejiza porque muchas no fueron buscadas por sus familiares, fueron ingresadas con una identidad distinta a la autopercibida y/o catalogadas como NN. 

Recién en 2018 el gobierno de Santa Fe reconoció a 19 mujeres trans y travestis como presas políticas por su identidad de género y víctimas de la última dictadura, y permitieron su acceso a la reparación histórica a través de la ley provincial 13.298, medida que busca ser ampliada al resto de las víctimas.

En Argentina, los edictos policiales que dictaminaban la ilegalidad de las personas trans y permitían apresarlas y cobrarles una multa simplemente por transitar la calle estuvieron vigentes hasta el año 2000. En la dictadura, un artículo relativo a vestir prendas contrarias al género y en democracia hasta el año 2000 un artículo que aludía al escándalo público e incitación al acto carnal funcionaron como marco normativo para justificar los abusos y la persecución policial de identidades trans. Formar parte de la comunidad de mujeres trans era sinónimo de vivir en la clandestinidad, ser perseguida, criminalizada, discriminada, segregada, violentada de forma física y/o simbólica recurrente y cotidianamente. Los métodos de la policía eran violentos y la calle era un lugar de encuentro y de trabajo peligroso. La Autopista Panamericana, lugar donde muchas personas travestis/trans ejercían la prostitución, era un lugar de persecución policial y asesinato. La visibilidad de la comunidad no era posible ya que las personas trans eran denunciadas y la estrategia era sobrevivir oculta “sin salir del closet” (frase que se utilizaba para referir a las personas trans que debían ocultarse por la discriminación social y violencia que sufrían en el ámbito público). Este contexto forzó el exilio masivo de muchas personas trans entre 1970 y 1990. De hecho, el carnaval y el exilio en esta etapa fueron espacios de encuentro de la comunidad trans ya que eran posibilidades de expresar su identidad y transitar en público sin ser reprimidas. 

A partir de 1990 una serie de marcos normativos y políticas de derechos impulsadas por distintas organizaciones sociales del colectivo LGTB+ comienza a cambiar la situación de la comunidad trans y muchas exiliadas emprenden el regreso al país.

En la década de 1990 se sientan los primeros precedentes de casos de personas trans que solicitan su cambio de nombre y sexo ante la justicia. El 24 de mayo de 2012 se promulga la Ley de Identidad de Género de Argentina (ley 26.743) que permitió la despatologización y desestigmatización de las identidades trans que hasta ese entonces eran diagnosticadas de “trastorno de identidad sexual o disforia de género”. Esta ley permitió que las personas sean tratadas, modifiquen sus datos en sus documentos personales y sean atendidas por los sistemas de salud para adecuar su cuerpo a la identidad autopercibida mediante terapias hormonales o intervenciones quirúrgicas. A partir del 2000 las personas trans dejan de ser consideradas ilegales y desde el 2003 comienzan a presentarse propuestas para garantizar su derecho a la identidad y a la atención integral de la salud terminando con los tratamientos judicializantes, criminalizantes y patologizantes con los que eran tratadas.

En el año 2018 el crimen que causó la muerte de Diana Sacayán fue el primero en ser catalogado como un crimen de odio a la identidad de género y travesticidio. Diana era una activista trans que luchó por la inclusión del colectivo transgénero, creó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación e impulsó el proyecto de la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires. En el año 2015 fue encontrada muerta apuñalada con 27 lesiones y signos de tortura. Seis años más tarde, en el año 2021 se sancionó la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans “Diana Sacayán-Lohana Berkins” que estableció la reserva de un mínimo del 1% de los cargos y vacantes del sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero que reunan las condiciones de idoneidad.

A pesar de estos avances, la comunidad travesti-trans aún sufre actos discriminatorios, violencias físicas, verbales, económicas, sociales e institucionales y también altas tasas de travesticidios y crímenes de odio. La violencia, marginación y pobreza vulnera estructuralmente sus derechos y no se les garantiza una buena atención médica, acceso a la vivienda, educación ni inserción laboral, lo cual resulta en un promedio de expectativa de vida de 35 a 40 años. Desde estas condiciones, por haber sobrevivido a la dictadura y también a la violencia institucional y la marginación estructural en los años de democracia muchas personas trans se definen como “sobrevivientes”.